El pedido de un fiscal federal para procesar al legislador oficialista Emiliano Vargas Aignasse por tenencia de drogas, resistencia a la autoridad y cohecho tiene en vilo a la Legislatura.
Tras conocerse el requerimiento de instrucción formulado por Pedro Simón, fiscal federal de Santiago del Estero, un sector de la oposición instó a replantear la suspensión por 120 días en contra del dirigente imputado. Ayer, el vicegobernador Osvaldo Jaldo remarcó que la sanción, aplicada hace un mes, está en curso. De todas maneras, deslizó que el futuro de Vargas Aignasse como integrante del cuerpo colegiado depende exclusivamente del avance de la causa penal, a cargo del juez federal santiagueño Guillermo Molinari.
“No descartamos absolutamente nada. Hoy la Justicia Federal de la provincia vecina tiene la palabra. Si se expide de una manera, la Cámara (lo hará de una manera); si se decide otra cosa, la Cámara deberá estar en consonancia con eso”, manifestó Jaldo, quien ayer estuvo a cargo del Poder Ejecutivo (PE) por el viaje a Buenos Aires del gobernador Juan Manzur.
El vicegobernador encabezó un acto en el 3° piso de la Legislatura en el que se le entregó un subsidio a Pablo Zelaya Huerta, un montañista que tratará de convertirse el primer tucumano en escalar el Monte Everest, en conmemoración al Bicentenario de la Declaración de la Independencia. El martes próximo, a propuesta de la peronista disidente Stella Maris Córdoba, la Cámara aprobará un proyecto para declarar de interés legislativo la iniciativa de Zelaya Huerta. Tras el evento, LA GACETA le consultó a Jaldo sobre los planteos del macrismo y la UCR, tras la triple imputación que realizó el fiscal federal santiagueño en contra del legislador Vargas Aignasse. “Hay que respetar lo que se ha decidido. Hay una suspensión de 120 días que está vigente y corriendo. Siempre dijimos que ese era un primer paso de la Cámara. Vamos a estar expectantes a lo que pase a nivel judicial”, indicó el vicegobernador.
Insistió luego con la postura de “ser respetuosos de la división de Poderes”. “La Justicia Federal de Santiago del Estero está trabajando, dando sus primeros pasos. Vamos a actuar conforme a la ley”, agregó.
En ese sentido, se mostró en desacuerdo con los pedidos de Alberto Colombres Garmendia (PRO), Luis Brodersen (PRO) y José María Canelada (UCR) para que se revise la penalización. “Aquí no se puede hacer ninguna especulación política, mucho menos intentar sacar ventaja política. Como bloque oficialista fuimos muy claros: tratamos de consensuar con la oposición la sanción que, a nuestro entender, era la que correspondía en aquel momento, según la documentación que teníamos en nuestro poder”, remarcó el referente de Trancas. Acto seguido, aclaró que la sanción impuesta el 18 de febrero pasado por el cuerpo colegiado no es definitiva. “Por supuesto que, a medida que la situación judicial vaya cambiando, la Legislatura seguirá tomando decisiones. Pero siempre con papeles y documentación en mano. No podemos aprovechar para hacer política con esta situación, que es muy grave en lo institucional en lo personal para el legislador. Así como esta Cámara fue muy severa en la sanción, si lo tenemos que hacer de nuevo lo vamos a hacer. Pero ahora hay que respetar la decisión tomada”, destacó Jaldo.
Vargas Aignasse fue detenido el 26 de febrero, cerca de la 1, por personal de la Dirección de Drogas Peligrosas de Santiago del Estero. El legislador peronista, hermano de la secretaria de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aignasse, iba a bordo de una camioneta Toyota Hilux doble cabina, junto a una joven. Al llegar a un control policial en la zona de Termas de Río Hondo, dio la vuelta en “U”. El fiscal federal consideró probado que hubo resistencia a la autoridad. Los agentes encontraron 47 gramos de marihuana en la camioneta. Según testigos, el dirigente manzurista trató entonces de sobornar a los policías. El juez federal Molinari decidirá si hace lugar al pedido de Simón y procesa a Vargas Aignasse por los tres presuntos delitos.